Ley de Aviación Profeco AICM
Aerolíneas México

Ley de aviación genera más confusiones que acciones

La entrada en vigor de la Ley de Aviación Civil (LAC) y la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) derivó más en confusiones, confrontaciones y declaraciones, que en acciones concretas que reflejaran por un lado, su aplicación en beneficio de los viajeros y sus derechos, y por el otro en incentivar el sector aeronáutico nacional.

Al menos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el más saturado del país, y por ende el que reporta el mayor número de demoras, NITU.mx pudo constatar que los viajeros confían en que ya no habrá retrasos y que no se les cobrará la primera maleta documentada en vuelos hacia Estados Unidos y Canadá.

La situación es fácil de comprender, cuando justo el día de la publicación de las modificaciones a las leyes en el Diario Oficial de la Federación, la Procuraduría Federal del Consumidor anuncia la millonaria multa que impuso a cinco aerolíneas y la advertencia a otras dos por mantener el esquema de cobro en la franquicia de equipaje; y por el spot publicitario que salió en los medios electrónicos este día, en donde la Cámara de Diputados anuncia las resoluciones aprobadas en favor de los viajeros aéreos.

Sin embargo, el panorama en el AICM se mantiene como hasta el lunes, con retrasos que en promedio son de una hora y las pantallas electrónicas anunciando que la mayoría de las demoras se deben a las líneas aéreas.

A esto se suman las posturas de instancias como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) y de la aerolínea de bajo costo Volaris, ésta última ha sido la que ha expresado públicamente que mantendrá el cobro de la maleta en viajes hacia Norteamérica. (DGAC defiende a aerolíneas y Volaris mantiene cobro de primera maleta).

La incertidumbre sería menos, si se tomara en cuenta que el decreto aprobado otorga 90 días hábiles a las líneas aéreas, para que presenten ante las autoridades sus políticas de compensación en caso de demoras; y 180 días hábiles para crear entre autoridades y empresas, el mecanismo que determine los motivos de las demoras, así como los procedimientos a seguir. Por lo que ver en la práctica la aplicación de estas reformas a las leyes todavía tomará un buen tiempo.

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Mari Soto

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