Directivos de la plataforma estadounidense Uber acudieron al Congreso del Estado para pedir, tanto al poder legislativo como al gobernador, que detengan las reformas planeadas a la Ley de Movilidad, pues favorece a los taxistas y perjudican a la empresa y a los ciudadanos. Al mismo tiempo emprendieron una campaña mediática en la que solicitan lo mismo.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a través de su presidente Inna German, envió una carta al gobernador del estado y diputados para que se escuche a los ciudadanos y no sólo a sindicatos.
En busca de obtener el apoyo de los ciudadanos, y sus choferes los directivos de la plataforma iniciaron desde el fin de semana una campaña mediática en radio, redes sociales, y correos en los que solicitan el apoyo y hacen una solicitud al gobierno de Quintana Roo.
Fue Federico Ranero, director general para México y el Caribe de Uber, quien acudió a la sede del Poder Legislativo en la capital del estado para pronunciarse respecto a las modificaciones a la ley, pues dijo no quieren ser tratados como un servicio de transporte público, tal como se plantea en las reformas.
En entrevista con los medios de comunicación, recapituló que Uber inició operaciones en Cancún en septiembre de 2016, “con la finalidad de dar más opciones tanto de transporte como de emprendimiento para resolver los problemas de movilidad”.
Apuntó que desde que iniciaron su arribo a la ciudad, tuvieron gran demanda: “Más de 130 mil personas viajaron con nosotros y más de cinco mil familias aprovecharon la oportunidad para generar ganancias”.
Con 15 meses de operar decidieron pausar, con miras “a trabajar con las autoridades para lograr una regulación incluyente con las empresas de redes de transporte”, explicó.
El directivo reconoció que el esfuerzo y la buena voluntad del Gobierno del Estado se vio en la publicación de la Ley de Movilidad, ya que incluyó a las empresas de redes de transporte y a los socios; sin embargo, temen por los cambios planteados. (Uber pide a las autoridades de Q. Roo “no dar marcha atrás” en la Ley de Movilidad).
“Parece que esta presión de algunos grupos de poder pesa más que la propia voz de la ciudadanía que pide un transporte seguro y eficiente, pues se dará marcha atrás a lo que ya se había avanzado; me refiero a que mañana martes se discutirán en el Congreso estas modificaciones”, afirmó.
Cabe destacar que la XV Legislatura convocó a un periodo extraordinario de sesiones para votar, mañana, una reforma a la Ley de Movilidad acordada entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos de taxistas de la entidad, para quitarle la caducidad de 20 años asignadas a las concesiones y para indicar que las plataformas digitales de transporte sólo pueden operar con concesiones, en lugar de permisos como lo marca la ley actual.
Por su parte, el CCE expresó: “Debemos escuchar las voces de los ciudadanos. Algunos de los temas comentados previamente a esta convocatoria, destacan: primero, la vigencia de las concesiones de servicio público de transporte de pasajeros (taxis), la cual se propone sea indefinida y sujeta al cumplimiento permanente de la ley; y segundo, que la prestación del servicio de transporte que se contrate a través de plataformas tecnológicas y/o digitales sea considerada de utilidad pública e interés general, con lo cual se reconocería la obligación original del Estado de proporcionarlo ya sea, en forma directa o a través de los particulares mediante una concesión”, se explicó en la carta.
Agregando que esto sería una violación a los principios constitucionales de libertad de empresa por lo que “manifestamos un enérgico rechazo a estas prácticas en donde se está privilegiando la razón de la fuerza más que la fuerza de la razón”. Reiterando que los ciudadanos pacíficos que no usan este tipo de acciones para manifestar el descontento son ahora arrollados por estas razones políticas.
- Al 30 de abril 
Agregar Comentario