El aeropuerto de Texcoco, destinado a ser uno de los hubs más importantes de América Latina y comparable con los grandes aeropuertos del mundo, fue cancelado a principios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto, diseñado por el reconocido arquitecto Norman Foster, incluso ganó el premio RFT de arquitectura y diseño en 2021, a pesar de su cancelación.
La construcción del aeropuerto había sido avalada por varias instituciones internacionales y nacionales, incluyendo la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), y el Instituto Politécnico Nacional, entre otras. Los estudios técnicos abarcaban desde el diseño sísmico y la geotecnia, hasta el análisis de aeronavegabilidad y ruido, cumpliendo con los estándares internacionales.
La cancelación de este proyecto ha costado a México alrededor de 300 mil millones de dólares, además de una deuda pendiente de 3,700 millones de dólares con contratistas internacionales, una carga financiera que recae sobre los contribuyentes mexicanos.
Con la cancelación del aeropuerto, se ha disuelto el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), responsable de operar y administrar lo que pudo haber sido uno de los mejores aeropuertos del mundo. En su lugar, ha surgido “Casiopea”, bajo la administración de la Secretaría de Marina (Semar), encargada de gestionar seis aeropuertos nacionales más, incluyendo el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) y los Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México. (Fusión de empresas estatales al AICM bajo coordinación de la Semar).
Casiopea asumirá las responsabilidades fiscales y económicas derivadas de la cancelación de Texcoco. Paralelamente, el Ejército Mexicano, que ya administra la nueva Mexicana de Aviación, está a cargo de más aeropuertos en el país.
Según expertos, la operación de Mexicana de Aviación está costando 2 millones de pesos diarios, con expectativas de obtener ganancias hasta 2030. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha solicitado 20 mil millones de pesos adicionales para la adquisición de nuevos aviones.
La administración de infraestructuras civiles por parte de entidades militares es un tema que genera inquietud. Aunque los militares mexicanos merecen respeto por su formación, su preparación difiere de la civil, y hoy gestionan recursos significativos en la administración de aeropuertos y líneas aéreas. La cuestión es si estarán capacitados para asumir estas responsabilidades sin comprometer sus funciones constitucionales.
El tiempo dirá si esta decisión resultará en un modelo eficiente o si seguirá el camino de otros ejemplos internacionales donde la gestión militar ha enfrentado grandes desafíos y costos financieros, refiere un artículo de A21.
