Uber México, informó que la empresa logró la suspensión definitiva de varios apartados de la Ley de Movilidad del estado de Quintana Roo para que los servicios que se prestan a través de su plataforma digital se consideren de carácter privado y no se regulen bajo un modelo de concesión pública.
Tras una suspensión definitiva para que los servicios que se prestan a través de la aplicación de Uber se consideren de carácter privado y no se regulen bajo un modelo de concesión, se evalúa ya la forma en que regresarán a operar a Cancún.
Saúl Crespo, gerente de Comunicación de Uber México, confirmó que actualmente están evaluando posibles escenarios para su regreso a Cancún, con el compromiso de reiniciar operaciones de la mejor forma posible.
“Respecto a nuestras operaciones en Cancún confirmamos que el pasado 5 de diciembre un juez federal otorgó una suspensión definitiva para que los servicios que se prestan a través de la aplicación de Uber se consideren de carácter privado y no se regulen bajo un modelo de concesión”, detalló mediante un comunicado. (UBER entraría a Cancún… a llevar comida a domicilio).
En este sentido reiteró que existe total voluntad para colaborar con las autoridades y continuar en la construcción de una regulación incluyente e innovadora, que beneficie a la mayoría de la población.
Pero especialmente, agradeciendo el gran apoyo de la sociedad civil y organizaciones empresariales que han externado en reiteradas ocasiones su voluntad para que Uber regrese a Cancún, tanto con declaraciones públicas, manifestaciones y a través de redes sociales.
“De esta forma, se garantiza que miles de cancunenses puedan acceder a nuevas oportunidades de autoempleo y movilidad, y que millones de turistas que llegan a la ciudad año con año cuenten con formas innovadoras de moverse”, puntualizó.
Durante el tiempo que estuvo operando Uber se calcula que el gobierno del Estado a través de Sintra, logró “recaudar” más de 200 millones de pesos en multas. La multa para liberar cada unidad ascendía a los 58 mil pesos.
En mayo de este mismo año, el Congreso de Quintana Roo aprobó la nueva ley de Movilidad del Estado, la cual entró en vigor tres meses después, con la obligación de que las plataformas digitales de transporte tuviesen que tramitar una concesión otorgada por el nuevo Instituto del Movilidad y Transporte.
Dicha obligación se basaba en la redacción del artículo 3 de la Ley de Movilidad del estado de Quintana Roo, la cual establece que “todo vehículo de Servicio Público o Privado de Transporte, que utilicen las vías y carreteras del Estado y perciban remuneración económica por prestar dicho servicio, deberán contar con la concesión, permiso o autorización del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, mediante el documento que al efecto otorgue el titular de éste, conforme a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.
“Asimismo, la prestación del servicio público de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas o digitales requerirá contar con la concesión del Instituto, mediante el documento que al efecto otorgue el titular de éste, únicamente conforme a la regulación prevista en el Capítulo Séptimo del Título Cuarto de esta Ley y su Reglamento”.
Se agregó además el artículo 149 a dicha la dicha la Ley de Movilidad, en el que se establece que “el servicio de transporte contratado a través de plataformas digitales sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con un permiso expedido por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo”.
En el artículo 150 se añade que “el Instituto tendrá la facultad de otorgar las autorizaciones a las personas morales que medien o promuevan la contratación del servicio de transporte entre particulares y permisionarios a través de plataformas digitales, conforme a lo dispuesto por la presente ley y su reglamento”. (Noticaribe y El Economista)
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