La Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, declaró la validez y legalidad de que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) removiera vegetación del Malecón Tajamar, pues lo hizo en base a una autorización emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Se aclara que la resolución emitida el 30 de mayo del 2016, mediante la cual la Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo Terrestre de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó que Fonatur removió vegetación natural, al amparo de una autorización vigente al momento en el que ocurrieron los hechos.
Dicha autorización fue emitida en materia de impacto ambiental por la Semarnat para el Anteproyecto Malecón Cancún (Tajamar), tema al que se le ha dado seguimiento en NITU.mx. (Fonatur dice: “Yo no fuí” en caso Malecón Tajamar).
De acuerdo a un comunicado, la Procuraduría determinóen 2016, que Fonatur no fue administrativamente responsable por infracciones ambientales, en relación a la remoción vegetación en Tajamar, informa Noticaribe.
“Cabe señalar que dentro del mismo proyecto de Tajamar, esta Procuraduría Federal sancionó a la empresa Bi & Di Real Estate de México, por 6.6 millones de pesos, tras encontrarla responsable de remover vegetación forestal en predios del Malecón, sin contar con las autorizaciones correspondientes para las actividades de remoción”, aclara el texto.
Concluye al decir que el reconocimiento de la actuación legal de la Profepa, fue resuelto sin menoscabo del pronunciamiento que un Tribunal Colegiado de Circuito en Quintana Roo formuló, concediendo un amparo a un grupo de ciudadanos en contra de la autorización expedida por la Semarnat, así como el mandamiento de reparar los daños ambientales ocasionados en el predio del Anteproyecto Malecón Cancún.
Sin embargo, Katerine Ender Córdova, presidenta del movimiento Defensores del Manglar, señaló que esta sentencia, de la que todavía no han sido notificados, no pone fin al litigio que la ciudadanía mantiene para salvaguardar este espacio, pues todavía están pendientes las denuncias contra las empresas que afectaron el mangle, además de los amparos y las acusaciones ante la Procuraduría General de la República (PGR).
