El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una propuesta de reforma a la Ley de Juegos y Sorteos, vigente desde 1946. La iniciativa busca garantizar que las empresas de este sector cumplan con sus obligaciones fiscales, además de combatir la corrupción y evitar la extorsión.
Reforma integral para un sector regulado
Monreal detalló que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, adelantó durante una reunión con legisladores que esta propuesta también pretende modernizar el marco legal, que no ha sido actualizado en casi ocho décadas. Entre los objetivos destacados se incluyen:
– Impuestos justos: Asegurar que los ingresos generados por juegos y sorteos contribuyan al erario público.
– Transparencia y combate a la corrupción: Erradicar prácticas ilícitas y fortalecer la supervisión de estas actividades.
– Protección contra extorsiones: Brindar un entorno seguro y regulado para las empresas operadoras.
Otros temas tratados en la Jucopo
La reunión entre los legisladores y Rosa Icela Rodríguez abordó, además de la reforma a juegos y sorteos, otros temas prioritarios para el gobierno federal, entre ellos:
– Seguridad de datos personales: Garantizar la protección de la información ciudadana tras la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
– Política migratoria: Mantener un enfoque de derechos humanos y dignidad sin descuidar posibles amenazas extranjeras.
– Elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Rodríguez descartó cualquier prórroga para los nombramientos de jueces, magistrados y ministros en 2025.
Impacto de la reforma
La nueva Ley de Juegos y Sorteos busca equilibrar las operaciones del sector con un marco legal moderno que fomente la transparencia fiscal y empresarial. Esta medida, que será presentada próximamente, podría representar un avance importante en términos de recaudación y regulación, además de fortalecer la confianza pública en las instituciones gubernamentales refiere información de El Economista.
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