Desde 2020, la Ciudad de México ha implementado iniciativas para regular el uso de aplicaciones de hospedaje a corto plazo como Airbnb. Recientemente, Martí Batres, jefe de gobierno de la capital, anunció nuevas restricciones que buscan limitar el acceso de estas plataformas a viviendas construidas con inversión pública.
La propuesta incluye la prohibición de rentar inmuebles públicos a través de aplicaciones digitales, así como la regulación de los precios de renta, que han aumentado significativamente en varias zonas de la ciudad. Estas medidas buscan frenar el encarecimiento de las rentas, un fenómeno impulsado por el auge del alquiler temporal en áreas demandadas.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) se encuentra a cargo de la iniciativa, cuyo contenido completo se presentará próximamente. Aunque no se han revelado todos los detalles, esta propuesta forma parte de una serie de esfuerzos previos por regular Airbnb. En 2023, se sugirió un impuesto para los “nómadas digitales”, y en marzo de 2024, entraron en vigor regulaciones que buscaban equiparar las condiciones entre alojamientos tradicionales y los ofrecidos en plataformas digitales.
Estas nuevas limitaciones representan un paso más en la búsqueda de un equilibrio en el mercado inmobiliario de la Ciudad de México, aunque la cuestión de cómo afectarán al sector turístico y a los residentes sigue siendo un tema en discusión.
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