“Vender complejos inmobiliarios que por pisos o secciones son Rentas Vacacionales es un engaño”, remarcó Miriam Cortés Franco, Directora de Acluvaq, al referirse como estos conceptos afectan tanto a los hoteles como a la comunidad al generar problemas como la gentrificación, basura, seguridad y movilidad.
“Están jugando al engaño todos. Yo no sé si el que compra, pero el que vende sí, jurídicamente sí, porque un condominio no es para dar hospedaje, un condominio es para casa habitación. Lo que no me gusta, es que creen edificios completos bajo el concepto inmobiliario vivienda para hacer hoteles, si quieren ser hoteles , que se den de alta como hoteles y que cumplan con toda la normativa que cumple un hotel porque no es fácil”, insistió.
Jurídicamente hablando existen tres modelos, un hotel con servicio de hotelería, lo que es servicio de tiempo compartido y el régimen condominal que sí es inmobiliario, esto es, casa habitación, por lo que dividir un edificio por pisos y conceptos, no es factible.
Explicó que la apertura de un club vacacional requiere de 80 millones de dólares, la primera inversión, más todos los permiso, cumplir con las legislaciones vigentes como el POEL, cumplir con la nómina, la norma de que no estén estresados los colaboradores, las patentes, y seguros más un sinfín de permisos.
Como desde hace años sollcitan “igualdad de condiciones”, que cumplan como un hotel que hagan lo que hace un hotel “… bienvenido a la competencia siempre, vamos compitiendo igual a igual que no me gusta nada de esto, porque es un para mí es un engaño”, remarcó.
La abogada, enumeró los problemas como el que los locales sean desplazados, los temas de movilidad, de servicios públicos y lo que representarían mover a todas esas personas en caso de un huracán. A lo que sumó lo actos delictivos que se desarrollan en algunas propiedades.
El crecimiento desenfrenado de estos complejos para renta vacacional ha generado una preocupante falta de control y supervisión por parte de las autoridades pertinentes. Aunque se reconoce el esfuerzo de los gobiernos estatal y municipal, es evidente que la magnitud del problema rebasa sus capacidades actuales.
El panorama legal y normativo presenta una dualidad confusa: mientras que existen regulaciones para hoteles y servicios de tiempo compartido, la figura de los condominios destinados a la renta vacacional se encuentra en una especie de limbo jurídico. Esta ambigüedad facilita prácticas ilegales y deja a los turistas en una situación vulnerable, sin la protección adecuada.
La falta de claridad en las normativas también afecta a los inversionistas y propietarios, quienes buscan operar de manera legal y transparente. La espera de una legislación clara por parte de Quintana Roo se ha convertido en una cuestión nacional, ya que las decisiones en este estado podrían marcar el rumbo para regulaciones a nivel nacional.
Es imperativo que se establezcan mecanismos eficaces para regular este sector en constante expansión. La colaboración entre el gobierno, la industria hotelera, el sector inmobiliario y otros actores relevantes es fundamental para encontrar soluciones equitativas y sostenibles.
Aunque Miriam Cortés reconoció la legitimidad del negocio inmobiliario, hizo un llamado urgente a la responsabilidad y el cumplimiento de la ley. Instó a las autoridades a tomar medidas concretas para garantizar que el crecimiento turístico de Cancún sea sostenible y beneficioso para todos los involucrados. La transparencia, la legalidad y el respeto por las normativas

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