Rogelio Jiménez Pons, próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), señaló que el tema de Tajamar es un problema muy grave que, como se dice vulgarmente, “están pateando la bola para que rebote y me llegue a mí”. Y es que Fonatur, la Secretaría de Turismo (Sectur), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno federal no toman acciones y pretenden dejar que lo resuelva la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador.
Entre los años 2003 y 2012, el gobierno federal invirtió 618 millones de pesos en la urbanización de las 53 hectáreas que conforman todo el complejo. La noche del 16 de enero del 2016, se desmontaron alrededor de 20 hectáreas de manglar y demás vegetación, que debían quedar limpias antes del 8 de febrero de ese mismo año, pues en esa fecha concluía la vigencia de la Manifestación de Impacto Ambiental.
La totalidad de los lotes desmontados pertenecen a privados, y de acuerdo con las autoridades, los adquirieron para desarrollarlos conforme a autorizaciones expedidas por Semarnat. (SCJN da la razón a amparo interpuesto a nombre de 113 niños por Malecón Tajamar).
Sin embargo, grupos ambientalistas interpusieron recursos jurídicos que les impidieron a los empresarios realizar sus proyectos. Por ello los inversionistas esperan el pago de su inversión.
El entrevistado no quiso dar una respuesta en torno al tema, porque argumentó desconocía exactamente la situación jurídica: “Hay opción de buscar una rendija de diálogo, dejen sentarme; buscar y escuchar a los jurídicos de Semarnat, Fonatur, tengo que sentarme y ver. Si hay opciones o no; hay que buscar una solución que satisfaga el mayor número de personas”, detalló.
Dijo que debe conocer cuál es el alcance de esa resolución, y cuál la afectación. Jiménez Pons refirió que tenía clientes que iniciaron un proyecto de un hospital en la zona y que no se concretó, por lo que sabe de las afectaciones “… y con Fonatur hubo una cosa rara de que no dieron los tiempos para la presentación de proyectos”.
En tanto, una treintena de empresarios que compraron están desesperados, porque afirman han pagado cientos de miles de pesos y siguen sin poder desarrollar sus proyectos.
