Luego de que Andrés Manuel López Obrador anunció que los recursos para el máximo proyecto turístico de su sexenio “El Tren Maya”, saldrían tanto del sector público como del privado, empresarios como Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), manifestaron su total desacuerdo en contra de la decisión del presidente electo, de que los recursos para esta obra sean los del Derecho de No Residente (DNR), pues éstos se necesitan para seguir promocionando a todos los destinos turísticos del país, y así generar la llegada de más turistas tanto nacionales como internacionales.
Azcárraga destacó que la promoción para el turismo se considera una inversión y no un gasto, por lo que la falta de los siete millones anuales que ingresan al país por impuestos a la actividad turística no deben ser destinados a esta obra, pues señaló que se espera que esta concluya en cuatro años, y cuatro años sin recursos sería un retroceso, para la promoción del país.
El presidente del CNET destacó que este año el DNR se estima llegue a más de 6 mil 500 millones de pesos, de los cuales 70 por ciento los estaría recibiendo el CPTM, 10 por ciento Fonatur y 20 por ciento el Instituto Nacional de Migración. (Modificar DNR sería quitar herramientas para afrontar problemas: De la Madrid).
El empresario llamó a López Obrador a sentarse a dialogar con la cúpula empresarial, y dar prioridad a obras que en verdad atraerán más turistas al país y generarán más divisas.
Aunque cabe señalar que en sexenios anteriores, también los presidentes han beneficiado a algunos estados más que a otros, la balanza a decir de los empresarios se esta volcando en su totalidad para la península de Yucatán, y destinos como Los Cabos en Baja California Sur, no están de acuerdo con este tipo de decisiones, pues estarían perdiendo parte de su promoción, lo cual se vería reflejado en la baja de turistas.
Cabe destacar que el tren en una primera instancia incluía los estados de Quintana Roo y Chiapas, y en su último anuncio, López Obrador destacó que éste se extenderá a los estados de Campeche y Yucatán y su costo será de 120 mil a 150mil millones de pesos.
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