Gustavo Staufert, presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Burós de Convenciones, calificó de peligroso que los recursos de promoción no se canalicen para lo que están etiquetados por ley.
Luego de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que para el proyecto del Tren Maya, que ahora abarcará todo el sureste y la península de Yucatán, empleará los recursos del Derecho de No Residente (DNR), los representantes de la iniciativa privada mostraron su inconformidad.
Los cerca de siete mil millones de pesos que genera anualmente este impuesto, se canalizan en su mayoría para el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), con lo que genera las estrategias para incentivar el número de viajeros del extranjero hacia nuestro país, pero con la idea de López Obrador, los recursos se emplearían íntegramente en infraestructura. (AMLO expandiría la ruta del Tren Maya a los 5 estados del Sureste).
“El país no se puede fundar cada seis años”, destacó Staufert, en el marco del anuncio de ibtm Americas 2018, en la Ciudad de México.
En un tono más suave, pero firme, Jaime Salazar, coordinador del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, comentó que no está en contra de las propuestas o iniciativas que traiga AMLO o su gabinete de turismo, siempre y cuando se apeguen a lo que dice la ley.
“Si la legislación dice que es para promoción, a eso se debe destinar el recurso. Nosotros no nos oponemos a lo que propongan los gobiernos, pero sí analizamos y planteamos nuestro panorama ante ellos”, declaró Salazar.
Para los especialistas en turismo de reuniones, este nicho merece una atención especial por parte de las autoridades, dada la derrama económica que generan. Por ello, adelantaron que buscarán una reunión con los próximos legisladores e integrantes del gabinete presidencial para exponer sus inquietudes sobre este sector.
