Sergio González Rubiera, presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) Quintana Roo, declaró a NITU.mx, que desde su parecer el único debate se da en torno a las reformas a la Ley de Movilidad de Q. Roo, es que el gobierno estatal insiste en que no afecta el hecho de que sean concesiones para Uber, pero la plataforma dice que si les afecta en su modelo de negocio.
“(La Ley) les permite entrar (a Uber y plataformas digitales), están autorizados a trabajar, pero les piden que sea con una concesión, pero Uber dice que la concesión no está en su modelo de negocio. Y sería una pena que por eso Uber no entrara a Quintana Roo”, acotó.
Como se informó con 21 votos a favor y 2 en contra, el pleno del Congreso del estado de Quintana Roo, avaló el dictamen que contiene las reformas a la Ley de Movilidad presentadas por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad. (Uber México analizará vías legales tras reformas aprobadas por el Congreso de Q. Roo a la Ley de Movilidad).
La sesión se llevó a cabo ante la presencia de alrededor de 200 integrantes de los diferentes sindicatos de taxistas y trabajadores del volante que se dieron cita en la sede del Congreso.
“Nosotros como transportadores turísticos, quedamos bien, a salvo porque las placas son federales. Por ello, no tiene ninguna facultad el instituto de movilidad para inspeccionar o vigilar a las concesiones federales, lo cual es correcto, porque sería una sobre regulación ya que a nosotros nos vigila la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), por ese lado estamos tranquilos”,detalló al hablar de la afectación por las reformas mencionadas.
Señaló que la creación del Instituto de Movilidad es una buena idea, que los conceptos modernos de movilidad que se manejan en la ley, donde se privilegia al ciudadano y al peatón, son positivos.
En general, apuntó “es una buena ley, el único tema a salvar es ese, si Uber decide no entrar podría ser un problema”.
Empero, existe aún una posibilidad, ya que se puede recurrir a una controversia constitucional en el hecho de decidir si decididamente un gobierno está facultado a exigir concesiones a empresas de este tipo. Ahora es decisión de Uber lo que harán.
- Al 30 de abril 
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